Los bebés robados de la dictadura chilena

Entre 8.000 y 20.000 niños y niñas de las familias chilenas más humildes fueron secuestrados y entregados en adopción en Europa y EE UU durante la dictadura de Pinochet. Décadas después, 263 de ellos se han reunido con sus familias y luchan por romper el silencio.

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Por: Cecilia Valdez

En los 70 y los 80, durante la dictadura de Pinochet, entre 8.000 y 20.000 niños y bebés chilenos, provenientes de familias pobres y jóvenes, fueron adoptados de manera irregular por familias de Europa y América del Norte. Más de 260 niños y niñas, hoy mayores, han buscado sus orígenes, han encontrado a sus familias biológicas, y han podido conocer su identidad. Varias organizaciones de Chile y de Suecia presionan a sus gobiernos para que acompañen está búsqueda y encuentren responsables. Por ahora, solo han encontrado negativas.  

Tal y como sucedió durante el franquismo, en Chile se utilizaron fundamentalmente tres maniobras. Muchas de las madres fueron engañadas, se les dijo que sus hijos habían nacido muertos sin dejarles ver el cuerpo ni recibir un certificado de defunción; se les hizo firmar papeles dando su consentimiento en la entrega, cuando muchas no sabían ni leer ni escribir; y/o se las declaró incompetentes para la crianza de sus hijos. 

Las víctimas no solo eran pobres, muchas pertenecían a la comunidad mapuche. Es el caso de María Diemar, que nació en el sur de Chile el 3 de julio de 1975 y llegó a Suecia con diez meses. Cuando María llegó al aeropuerto traía consigo el pasaporte chileno, una cédula de identidad, la sentencia del Juzgado de Menores de Temuco y el certificado de nacimiento. “En esos documentos estaba el nombre de mi mamá en Chile. Algunos documentos fueron archivados en la Agencia de Adopción Sueca, pero otros se los quedaron mis padres”, cuenta María. 

“Cuando tenía tres años y llegó mi hermano a Suecia, mis padres me explicaron que yo también había llegado en un avión, y que nuestras familias en Chile no podían cuidarnos porque eran pobres y jóvenes. Para mí Chile era una abstracción, pero a los diez años me mostraron una traducción que tenían de la sentencia y cuando pude leerla por mí misma eso me cambió la vida. Ahí supe que mi mamá estaba en Chile y decidí que quería buscarla, que necesitaba aprender castellano y buscar información sobre Chile”, relata.

Según explica la historiadora Karen Alfaro, los primeros reportes de la Policía de Investigaciones de Chile apuntaban la responsabilidad de las adopciones irregulares al Centro Sueco de Adopción, donde sus empleados —sobre todo, trabajadores sociales—, participaron como “captadores de los niños y niñas, principalmente de familias pobres”. Sin embargo, la trama de tráfico de niños también contó con la complicidad de hospitales públicos, médicos, hogares infantiles y guarderías.

Los robos de niños en el tiempo

Las adopciones internacionales formaron parte de una estrategia nacional de reducción de la pobreza infantil que la dictadura militar trató de llevar a cabo sacando del país a los niños y niñas más necesitados. Comenzaron antes de que Pinochet tomara el poder (1973), pero para 1978 ya era una política pública. El Estado presionó a las madres para que entregaran a sus hijos, y el miedo impuesto por la dictadura impidió mayores resistencias. Para Alfaro, “el tema de la periodización es importante porque es un criterio político”. Alfaro es la autora de la investigación académica Niños y niñas chilenos adoptados por familias suecas (1973-1990) de la que se hicieron eco diferentes medios internacionales como The Guardian o el diario sueco Dagens Nyheter, y que causaron revuelo mundial. “Decir que no se concentra solo en dictadura es tratar de despolitizar el tema. Desde 1965 hasta 1988 estuvo vigente una ley de legitimación adoptiva que implicaba que se borraran los orígenes. Muchas adopciones se hicieron con ese marco legal, pero hay que distinguir las adopciones nacionales e internacionales. Durante la dictadura es donde se concentran la mayor parte de las adopciones internacionales amparadas por esta ley, pero también por una política de la dictadura de promoción internacional”.   

Aunque a comienzos de los 70 se escucharon los primeros testimonios que hablaban de mujeres que recibían presiones para entregar a sus hijos, no fue hasta 2017, con la difusión de una serie de documentales de Alejandro Vega en el canal Chilevisión, que el tema logró instalarse en la agenda pública. “Lo que yo he logrado investigar es que a la dictadura le interesó promover la adopción a aquellos países que habían recibido un número importante de exiliados chilenos para contrarrestar la campaña contra la dictadura y poder generar alianzas con sectores conservadores”, sostiene Alfaro. 

“En el caso de Suecia se establece un vínculo con la Sociedad Suecia-Chile, que son sectores de extrema derecha, que promueven una campaña pro Chile para desarrollar negocios y otras relaciones diplomáticas. En ese marco, se desarrolla el vínculo con el Centro de Adopción Sueco, que funcionó en Chile durante la dictadura a través de instituciones públicas como la Casa Nacional del Niño, y que también logró establecer redes con funcionarios de alto nivel. Este centro tenía una representante en Chile que es Anna María Elmgren”, añade. Elmgren, que aparece en uno de los documentales de Vega, es una pieza clave de todo este entramado.   

El otro motivo, de mayor peso aún, era reconstruir las relaciones internacionales de un país que había quedado aislado después del golpe militar que derrocó al Gobierno de Salvador Allende en 1973. Esto fue particularmente importante con países —y gobiernos— que, además de haber recibido exiliados chilenos, eran críticos con las violaciones a los derechos humanos, como Suecia. Para Alfaro, la adopción de niños y niñas chilenos por parte de familias suecas tuvo dos momentos: el primero, entre 1973 y 1977, estaba asociado “principalmente a la ayuda humanitaria producto de la difícil situación de la niñez chilena”. En el segundo momento (1978-1988), cuando el régimen militar de Pinochet desarrolló un plan para mejorar la imagen del país en Suecia. 

María

De origen sueco, Elmgren llegó a Chile en 1965 y organizaba el envío de niños y niñas a través del Centro de Adopción Sueco. Aunque la ley de adopción chilena exigía un periodo de acogida de dos años en Chile antes de poder iniciar una adopción en el extranjero, el juez dio permiso a Elmgren para sacar a María Diemar del país con sólo dos meses de edad. El nombre de Elmgren aparece una y otra vez en los formularios oficiales en calidad de tutora en adopciones rápidas a Suecia como la de María, y en casi todas estas adopciones el proceso legal se completó en el extranjero.

Gracias a una prueba de ADN, María descubrió que su origen es casi un 98% mapuche. “Pensé que sabiendo el nombre de mi mamá iba a ser fácil encontrarla, pero no fue así”, cuenta. A sus padres adoptivos no se les había dicho nada sobre sus orígenes mapuches, y sus papeles en Temuco –su ciudad de origen–, parecen indicar que el proceso de adopción nunca se completó. “Empecé la búsqueda a los 20 años (1995), pero ni en la Agencia de Adopción Sueca, ni en los lugares que visite en Chile me dieron información, pero en Santiago, una mujer del Registro Civil me dijo que mi madre estaba viva, que estaba casada y que seguía viviendo en el Sur, pero que no podía darme su contacto”.  

En el año 98 la agencia contactó con María para darle el contacto de una mujer chilena que había cuidado de ella en Santiago antes de salir del país. “La llamé y la fui a ver. Vivía en un barrio donde también había otras diez mujeres que habían cuidado niños para la agencia en los 70 u 80. Esta mujer que me cuidó a mí, Tita, me contó que ella había cuidado entre 300 y 400 niños. Su hermana, Teresa, aparece en los documentales de Alejandro Vega, contando cómo le pagaban por ese trabajo. A mí eso me dejó shockeada”. Por entonces María empezó a entender que había una trama organizada detrás de todas esas adopciones.

María regresó a Suecia e insistió —sin suerte—, con la agencia para que la ayudaran en su búsqueda, pero no fue hasta 2003 cuando una estudiante de periodismo chilena, y su tío, la ayudaron para dar con su madre. En ese momento, María no solo tuvo la certeza de que su madre estaba viva, sino que también supo que no había querido darla en adopción. María no ha podido conocer en persona a su madre biológica porque esta está casada y teme la reacción que pueda tener su marido al conocer esta historia, pero sí ha podido vincularse con algunos de sus hermanos y por intermedio de ellos ha visto fotos, recibido cartas y, alguna vez, hasta ha hablado por teléfono con su madre biológica.

En los últimos diez años tanto periodistas como investigadores han encontrado pruebas sobre estas adopciones irregulares. Alfaro descubrió que las familias adoptantes en Europa y Estados Unidos pagaron a las agencias internacionales entre 6.500 y 150.000 dólares por niño, y que una parte de ese dinero iba a parar a distintos profesionales chilenos dispuestos a identificar niñas y niños “idóneos” y separarlos de sus familias biológicas. 

Según se señala en el artículo publicado por The Guardian, “en junio de 2017, los investigadores policiales que registraron la casa en Santiago de una de las antiguas socias de Elmgren, Telma Uribe Ortega, una trabajadora social jubilada, descubrieron los expedientes de 579 niños enviados al extranjero”. Los expedientes contenían información sobre los menores adoptados, las malas condiciones de vida de sus madres, una lista de 29 trabajadores sociales descritos como “captores” y detalles sobre el dinero que intercambiaban. Uribe está viva pero se negó a hacer declaraciones.

Investigar

En septiembre de 2018, ante la presión de distintas organizaciones que trabajan en la búsqueda de la identidad arrebatada a estos niños y niñas, el Congreso chileno creó una comisión investigadora que escuchó testimonios de niñas, niños, madres y diferentes actores institucionales. En julio de 2019, la comisión publicó un informe de 144 páginas que describía “mafias” de profesionales de la salud que garantizaron, a través de un “negocio lucrativo”, un suministro estable de bebés, una práctica que se fue sofisticando con el correr del tiempo, al mejor estilo de la dictadura franquista. El informe concluye que se trata de crímenes contra la humanidad.  

“La dictadura elaboró el Plan Nacional de Menores que promovía la adopción, acortaba los tiempos de la gestión y centralizaba las solicitudes en la Casa Nacional del Niño, institución en la que se desempeñaban además representantes del Centro Sueco de Adopción”, detallan los investigadores en el informe. Ante la falta de documentos —ya que la ley de adopción establecía que la documentación podía ser eliminada de los registros públicos—, la Comisión propuso la creación de una comisión investigadora que pueda investigar a nivel nacional e internacional, y la de un Banco de ADN que facilite los reencuentros. 

En enero pasado, ante los resultados del informe y las presiones ejercidas por la difusión de distintas investigaciones en la prensa, tanto el Gobierno chileno como el sueco, se vieron conminados a hacer declaraciones públicas. El ex ministro de Justicia chileno —anterior a la asunción del nuevo Gobierno en marzo pasado—, Hernán Larrain, anunció un plan piloto para acompañar la búsqueda de las familias de 700 víctimas de adopciones ilegales.  

“Suecia tuvo, sobre todo en la época de Olof Palme, un tipo de política distinta, pero esa política da un giro en el año 78 y pasa de una acción súper decidida en relación a condenar la dictadura a restablecer relaciones comerciales con la dictadura en los 80”, opina Alfaro. En su investigación Alfaro pudo comprobar que los niños no salían ya adoptados sino con una tutela de un tercero que podía ser Elmgren, algún representante de una fundación o hasta una auxiliar de vuelo. Es decir, el trámite de adopción se realizaba mayoritariamente en el extranjero. “Esto demuestra que hay responsabilidades de los Estados receptores. Lo que he visto es que algunos jueces suecos preguntaban antecedentes de estos niños, y porque llegaban en tan alta cantidad niños chilenos, o sea, que veían algún tipo de irregularidad y no tomaron las medidas que correspondían, que implicaba investigar lo que estaba pasando”.

El 15 de marzo pasado la organización Hijos y Madres del Silencio —una agrupación que apoya la búsqueda de víctimas de adopciones ilegales y tráfico de niños en Chile—, dio a conocer el encuentro número 263. En Suecia, los niños, hoy adultos, que investigan adopciones irregulares, conformaron la agrupación Adopction.se, de la que María Diemar es su vocera. “Lo llamativo es que en Suecia siempre puedes contar con que el Estado te ayude cuando te pasa algo, pero con el tema de las adopciones ilegales no nos ayudan para nada”, concluye María.

“Hemos tenido reuniones con un grupo de representantes del gobierno sueco, pero nos dicen que no pueden hacer mucho, a pesar de lo que han declarado en la prensa estos últimos días. Lo raro es que cuando hemos tenido reuniones con autoridades del Estado ni siquiera toman notas, cuando es algo que habitualmente hacen”. También les han dicho que no van a buscar responsables. 

Las noticias que empezaron a circular en distintos países sobre posibles irregularidades en las adopciones, obligaron —de alguna manera— al Gobierno sueco, a anunciar la formación de una comisión para investigar más de 60.000 adopciones internacionales realizadas desde 1950 desde países como Chile, Colombia, Corea del Sur, China y Sri Lanka, principalmente. La ministra sueca de Asuntos Sociales, Lena Hallengren, resaltó que la investigación, que presentará sus conclusiones en 2023, tendrá un foco especial en China y Chile. “El investigador examinará si se produjeron irregularidades en los países desde los que provienen la mayoría de las adopciones, así como en los países en los que hay fuertes sospechas de que hubo irregularidades”, señaló Hallengren.

Asimismo, según se detalla en el artículo publicado por The Guardian, para Kerstin Gedung, actual directora del Centro de Adopciones, las leyes han mejorado y la organización ha contribuido a elaborar directrices y normas éticas para la adopción internacional. “Trabajamos de acuerdo con el marco legal que existía en Chile en los años 70 y 80 y las adopciones fueron legalmente correctas y confirmadas en los tribunales de Chile y Suecia”, sostuvo Gedung.  

Según la agencia de adopción sueca, las adopciones se cerraban en un tribunal de distrito sueco y el papeleo se enviaba de vuelta a Chile. Si los funcionarios chilenos no completaron el proceso de adopción, añadió, tal vez sea más correcto señalar todo como un error. Para Gedung, sí se trataba de una práctica ética o no es otro debate. En septiembre de 2020, Jon Thorbjörnson, del Partido de la Izquierda, presentó una moción en el Parlamento sueco pidiendo una investigación sobre el papel de su país en el escándalo de las adopciones. 

Derecho a la identidad

Por otra parte, en febrero pasado, en el marco de la Convención Constitucional chilena, se presentó una iniciativa de norma constitucional que pretendía consagrar el derecho a la identidad de origen en la nueva Constitución, pero que fue rechazada por casi la mitad de los constitucionales hace algunos días. Alfaro confía en que esa norma pueda desprenderse de otras normas constitucionales relativas a derechos humanos que ya han sido aprobadas, y que formarán parte de la nueva Constitución, y tiene depositadas sus esperanzas en el nuevo Gobierno de Gabriel Boric, que ya ha señalado que el tema de los derechos humanos es una de sus prioridades. “En el Gobierno de Piñera nunca existió voluntad política de investigar”, sostiene.

Por lo demás, miles de familias han acudido a la organización Hijos y Madres del Silencio (HMS), en búsqueda de sus orígenes. Esta agrupación, que participó de la propuesta, estimaba de suma importancia esta iniciativa ya que abría la puerta para que diferentes instituciones —hospitales, archivos del registro civil, clínicas, hospitales de las Fuerzas Armadas y hogares de menores, entre otros—, colaborasen con la entrega de información que resulta central en este tipo de búsquedas, y obliga al Estado a reconocer estas graves violaciones a los Derechos Humanos.

Para Alfaro tanto Suecia como Chile han querido hacer ver que se trata de una cuestión entre particulares, y que los Estados no tienen responsabilidad, “pero al ser un secuestro permanente de personas, y de niños —que aún no han podido reencontrarse con sus familias biológicas, y por lo tanto permanecen secuestrados—, son delitos que no prescriben. Es lo mismo que el tratamiento que se le ha dado al caso de los bebés robados en España. Es decir, es un tipo de adopción eugenésica, que no es sólo por razones políticas sino que el pobre pasa a ser un enemigo”.

Este artículo apareció originalmente en el portal de El Salto Diario y se volvió a publicar bajo una licencia CC BY 3.0 ES

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