- El pasado 7 de marzo, un grupo de hombres mató al indígena rarámuri José Trinidad Baldenegro en Coloradas de la Virgen, en Chihuahua, al norte de México; es el tercer integrante de la familia Baldenegro asesinado por defender su bosque y territorio.
- En 1986 mataron a su padre Julio Baldenegro; en enero de 2017, a su hermano Isidro, quien en 2005 obtuvo el Premio Goldman, considerado el nobel ambiental.
- Al menos ocho defensores de territorio de Coloradas de la Virgen han sido asesinados. Además, más de 200 personas han sido desplazadas.
Por: Thelma Gómez Durán
José Trinidad Baldenegro tenía 11 años cuando se quedó huérfano de padre. Fue en 1986 cuando asesinaron a Julio Baldenegro, indígena rarámuri y gobernador tradicional de Coloradas de la Virgen que se oponía a que despojaran a su comunidad de su bosque y territorio.
Treinta y años después de la muerte de su papá, José Trinidad sufrió el asesinato de su hermano. A Isidro Baldenegro lo mataron en enero de 2017. Años antes, en 2005, había recibió el Premio Goldman —conocido como el Nobel ambientalista— por la defensa de los bosques de su comunidad en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, al norte de México.
El asesinato del padre y hermano de José Trinidad vislumbró lo que se intensificaría después: en Coloradas de la Virgen defender el bosque y resistirse al despojo se ha convertido en una sentencia de muerte.
El pasado lunes 7 de marzo, el nombre de José Trinidad Baldenegro, de 47 años, se unió a la lista de defensores del bosque y territorio de Coloradas de la Virgen que han sido asesinados. En esa lista, además de los hombres de la familia Baldenegro, también están Víctor Carrillo, a quien mataron en febrero de 2016, y su padre Julián Carrillo Martínez, quien era presidente de bienes comunales cuando lo asesinaron en octubre de 2018.
La mañana del primer lunes de marzo de 2022, cuando iba a rumbo a su milpa, José Trinidad recibió los disparos que lo mataron. Su hija, sus dos nietos y su sobrino escucharon las detonaciones; ellos salieron de su casa con lo que traían puesto. Los hombres que dispararon también le prendieron fuego a su vivienda.
“Creemos que lo mataron porque quieren apoderarse de las tierras”, dice vía telefónica uno de los familiares de José Trinidad que, por seguridad, pide que no se publique su nombre. “Esto lo hemos vivido desde que yo soy yo. Los que se quieren apoderar de la comunidad, siempre eliminan a quien se resiste”.
Las denuncias que por años han hecho los habitantes de esta comunidad de la Sierra Tarahumara no han logrado detener las balas, las amenazas y los desplazamientos.
En la actualidad hay ocho carpetas de investigación por homicidios, varias más por despojo y, por lo menos, 200 personas desplazadas de Coloradas de la Virgen, de acuerdo con datos de Alianza Sierra Madre, organización no gubernamental que acompaña a la comunidad rarámuri y ódami que se forma por pequeñas rancherías dispersas entre las montañas del municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua.
Un reclamo añejo
Hace tres años, en febrero de 2019, José Trinidad Baldenegro, su esposa e hijos estaban desplazados en Baborigame, Chihuahua. Ahí construyeron una pequeña casa de madera; ahí fue donde hablaron sobre lo que se vivía en Coloradas de la Virgen. Sus palabras, como las de otras personas originarias de esa comunidad, permitieron construir el texto “Sin territorio no somos nada” que se publicó en abril de 2019, como parte del especial Tierra de Resistentes.
La comunidad indígena de Coloradas de la Virgen tiene una larga lucha por el reconocimiento de su territorio. Es una historia que también refleja lo que se vive en otras comunidades de la Sierra Tarahumara.
Desde 1934, los indígenas de Coloradas de la Virgen reclaman al Estado mexicano el reconocimiento de su territorio. Para 1953, cuando ya habían fallecido varios de los primeros pobladores indígenas que impulsaron el reconocimiento de sus tierras, funcionarios de ese entonces registraron como ejido a buena parte de la zona forestal que se encuentra dentro del territorio ancestral de Coloradas de la Virgen. El resto del área quedó como una comunidad agraria.
Quienes hoy están desplazados de Coloradas de la Virgen cuentan que en 1992 se realizó una asamblea para depurar la lista de ejidatarios, porque varios ya habían fallecido. Años después Julián Carrillo y otros habitantes de la comunidad denunciaron que en esa asamblea se presentaron varias irregularidades: en el acta de acuerdos había firmas y huellas digitales de indígenas que, para esas fechas, ya estaban muertos. Así fue como se incluyó a 78 nuevos miembros del ejido, muchos de ellos integrantes de familias de caciques de la zona, a sus trabajadores y a quienes, para entonces, controlaban la siembra de amapola en esa región.
Los conflictos entre nuevos ejidatarios y la comunidad agraria —integrada por indígenas rarámuri y ódamis— se intensificaron en 2007, cuando las autoridades federales entregaron al ejido permisos para aprovechamiento forestal. Fue entonces cuando las autoridades tradicionales de Coloradas de la Virgen, con el acompañamiento de organizaciones civiles, empezaron su lucha legal para cancelar esos permisos. Fue también cuando aumentaron las amenazas, los homicidios y la presencia de grupos armados.
Además de los permisos forestales, el Estado mexicano entregó varias concesiones para la exploración minera en la zona. Una de ellas, otorgada en 2010, se encuentra dentro del territorio que la comunidad agraria de Coloradas de la Virgen reclama como parte de sus tierras ancestrales. Hasta ahora, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha cancelado esas concesiones que se dieron en sexenios pasados.
“Esas personas a las que les dieron esos permisos, esas concesiones, son personas que no tienen nada que ver dentro de esos territorios… Por lo que estaba luchando Isidro, lo que luchaba mi papá y lo que luchaba Julián es para un reconocimiento del territorio”, comentó José Trinidad en febrero de 2019.
Defender ese lugar al que se pertenece
En ese febrero, José Trinidad nos llevó al panteón de Baborigame para mostrarnos la tumba de su hermano Isidro. Ahí, con una voz que parecía un susurro, habló de lo difícil que era estar desplazado, estar fuera del territorio: “Allá uno puede sembrar, uno puede criar animales. Fuera de allá no pude hacer nada”.
—¿Para usted qué es el territorio?
—El territorio es para los indígenas el lugar donde pertenecen. La mayoría de la gente de allá no está dispuesta a vivir en otros lugares. Es muy difícil para la gente abandonar esas tierras. Para la gente de allá es muy necesario que no se tale el bosque y que si se hiciera, se hiciera conforme marcan las leyes, en orden, no que se haga una tala así, sin control —decía José Trinidad.
Como su padre, su hermano y otros indígenas que crecieron en una tierra habitada por pinos, José Trinidad hablaba de la importancia del bosque: “La madera (árboles) significa mucho para el territorio, porque es lo que mantiene la estabilidad de las aguas. El agua que cae de las nubes se filtra y ahí dura el agua. De otra manera, cuando se derriba la madera sin responsabilidad se hace un desastre, se quema el bosque. Llegan las aguas y se lleva todo, ya no hay dónde se detenga, dónde se filtre. Se va el agua”.
José Trinidad fue uno de los testigos que participó en el juicio en contra de los asesinos de Julián Carrillo en febrero de 2021. Él decía que “a estas personas que están asesinando deben investigarlas, ver si hay personas atrás y castigarlas. Al no hacerlo así, a cualquier persona que esté defendiendo la comunidad van a querer hacerle lo mismo”.
El familiar de José Trinidad que pide el anonimato menciona que “Trini no era dirigente de la comunidad, pero sí quería defender y quería hacer algo para la comunidad”. Y también pide lo que antes han reclamado varios más: “Que ya agarren a esos hombres, porque además de quitarle la vida a Trini se la han quitado a otras personas”.
La familia de José Trinidad se sumó, una vez más, a las cifras de personas desplazadas de Coloradas de la Virgen y de otras comunidades de la Sierra Tarahumara que se han visto obligadas a dejar su tierra por amenazas de los grupos armados ligados a la producción y tráfico de drogas.
Irma Villanueva, quien estuvo al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Chihuahua hasta septiembre de 2021 y hoy forma parte de la organización Transforma A.C., menciona que los primeros episodios de desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara se registraron en 2011 y desde entonces no se han detenido. Uno de los más recientes ocurrió entre agosto y octubre de 2021 cuando alrededor de 100 personas de la zona del Barranco, en el municipio de Guadalupe y Calvo, salieron de sus comunidades por amenazas de grupos criminales.
En el caso de Coloradas de la Virgen, señala, “los homicidios que se han dado en contra de familias que defienden el territorio ha sido una de las causas de desplazamiento. Estos grupos que los atacan buscan despojarlos de su territorio”.
Villanueva reconoce que el problema no se ha atendido a fondo, no se ha visto como un asunto de seguridad. Lo que ha pasado con la familia Baldomero, dice, “es la historia de muchas familias en la Sierra: sus reclamos parece que se los lleva el viento”.
Sierra Tarahumara: impunidad y olvido estatal
El 11 de marzo de 2022, cuatro días después del asesinato de José Trinidad, la Fiscalía del Distrito Zona Sur del Estado de Chihuahua informó que activó un operativo para esclarecer el homicidio. Además, aseguró que se desplegaron acciones para brindar seguridad, recibir denuncias y brindar atención a los habitantes de la región.
Cuando asesinaron a Julián Carrillo, en 2018, también se habló de operativos y de acciones para brindar seguridad.
En el informe Entre Balas y olvido, publicado en abril de 2019, Amnistía Internacional ya advertía que el Estado mexicano “ha fallado en garantizar un ambiente seguro y propicio para las personas defensoras, en particular, debido a que las medidas no son las adecuadas para el riesgo enfrentado por la comunidad (Coloradas de la Virgen), dado que esta cuenta con baja presencia estatal y una fuerte presencia de grupos del crimen organizado”.
En marzo de 2021, en la sentencia que se emitió por el asesinato de Julián Carrillo y de su hijo Víctor, los jueces también señalaron que el Estado mexicano falló en brindar la protección a los defensores del territorio. Además, señalaron que ahora se tenía la obligación de reparar el daño a las personas desplazadas de Coloradas de la Virgen y garantizar las condiciones para que las familias tuvieran un regreso digno y seguro a su comunidad. El asesinato de José Trinidad muestra que nada de eso ha sucedido.
La abogada Ruth Fierro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), organización que acompaña a la comunidad de Coloradas de la Virgen en los procesos legales, explica que aún no está firme la sentencia por el asesinato de Julián Carrillo, ya que el abogado de uno de los acusados presentó una apelación.
Además de que la sentencia aún no se ratifica, Fierro explica que los gobiernos de todos los niveles —estatal y federal— pusieron una especie de pausa en la atención del caso Coloradas de la Virgen: “La impunidad está instalada desde hace mucho en la comunidad. No se ha atendido el problema por la disputa del territorio ni se ha reconocido el territorio ancestral de la comunidad”.
Isela González, de la organización Alianza Sierra Madre, señala que el recién asesinato de José Trinidad muestra que en Coloradas de la Virgen hay una ausencia del Estado. “No existen las condiciones de seguridad para que las familias desplazadas regresen”, señala.
González recordó que, desde 2016, debido a las amenazas que han recibido, personas desplazadas de la comunidad de Coloradas de la Virgen e integrantes de Alianza Sierra madre están bajo el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, pero poco se ha avanzado para cumplir con el plan de protección.
Mongabay Latam solicitó una entrevista al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, pero no se tuvo respuesta.
En enero pasado, después de varios meses en los que no se había convocado a ninguna reunión, dependencias estatales y federales realizaron una mesa de seguimiento del mecanismo de protección para el caso de Coloradas de la Virgen. “Nosotros asistimos bajo protesta —dice González— porque sabíamos que no iban a haber funcionarios con capacidad de decisión. El mecanismo solo da medidas reactivas, como un botón de alerta, pero no se atiende el problema estructural. No se atiende la impunidad ni el despojo que padece la gente de Coloradas”.
* Imagen principal: Después del asesinato de Julián Carrillo se intensificaron las amenazas en contra de los habitantes de Coloradas de la Virgen. Foto: Amnistía Internacional México.
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