Por Roxana Romero
El presidente López Obrador busca nacionalizar el litio en México, pero ¿es esta una estrategia que permitirá al país aprovechar el recurso de una forma efectiva?
En 2018, la empresa Bacanora Lithium Plc descubrió un yacimiento de litio ubicado en Bacadéhuachi, Sonora, en el norte de México y declaró que había reservas de 243.8 millones de toneladas, posicionándola como la reserva más grande del mundo.
Desde entonces se especuló que México se colocaría entre las naciones más importantes en la industria, junto con el triángulo del litio: Bolivia, Argentina y Chile. Pero en octubre de este año la entonces secretaria de Economía de México, Graciela Márquez, desmintió que el país tenga la reserva de litio más grande en el mundo.
“Es muy importante, y aquí quiero recalcar, cuando se hizo esa estimación del yacimiento de litio se tomó en cuenta toda la arcilla, pero esas toneladas de arcilla no son litio”, afirmó Márquez durante una comparecencia en el Senado.
La nacionalización en medio del caos
En medio de la confusión y las sobre-estimaciones de las cantidades de litio en el país, el presidente López Obrador puso sobre la mesa la nacionalización de este metal abriendo un debate nacional. El 1 de octubre, presentó al Congreso la Reforma Eléctrica, que incluye la modificación de tres artículos de la Constitución y prohíbe la entrega de más concesiones para la explotación del litio.
“El litio es un mineral estratégico que debe quedar bajo el dominio de la Nación”, dijo el mandatario federal en su conferencia matutina. “Nosotros no podemos dejar ese mineral estratégico al mercado”, agregó.
La secretaria de Energía Rocío Nahle, confirmó la creación de una empresa estatal que explotará el mineral. Sin embargo, hasta ahora no se han dado detalles de la misma.
Pero la decisión de López Obrador de evitar la inversión privada en la minería del litio en México y buscar asesorarse con Bolivia, país que ha optado por mantener la inversión extranjera lejos, preocupa a expertos y empresarios.
El sector privado denuncia violaciones al T-MEC
Carlos Aguirre, académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana, explica que aunque Bolivia tiene una empresa estatal productora de litio, el esquema legislativo no es muy diferente al de Chile y Argentina, pero éstos permiten inversión o co-participación de empresas privadas. Esto ha posicionado a Chile y Argentina como principales productores de litio en el mundo, lo cual no sucede con Bolivia, pese a tener las mayores reservas.
Según Aguirre, se debe permitir la inversión privada para poder desarrollar una exitosa producción del litio en México. Opina que el país debe adoptar un modelo de concesiones, vigilancia y control de lo que están haciendo los inversionistas.
Actualmente hay ocho concesiones otorgadas por gobiernos anteriores para la posible extracción de litio. Aunque López Obrador sostiene que éstas serán respetadas, para que eso suceda, las empresas deberán acreditar ante la Comisión Federal de Electricidad y ante la Secretaría de Energía que han iniciado el proceso de exploración y cumplen los requisitos para empezar la producción. El presidente se ha mantenido firme en rechazar nuevas concesiones aunque su reforma no se apruebe.
Hasta ahora, el proyecto más avanzado es el “Sonora Lithium”, de Bacanora Lithium Plc y dueña de las concesiones del proyecto, junto con la empresa china Ganfeng Lithium que ha invertido en el proyecto hasta convertirse en el socio mayoritario.
Ahora, Ganfeng tiene derecho al 50 por ciento de la producción de carbonato de litio que se extraiga en la fase 1, y el 75 por ciento que se extraiga en la fase 2, según el informe “El litio: la nueva disputa comercial dinamizada por el falso mercado verde«. Ganfeng es la productora de litio más grande del mundo y proveedora de Tesla, empresa estadounidense de autos eléctricos.
La otra preocupación que ha despertado el anuncio del presidente es que sus reformas contradicen directamente el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham) y un grupo de 40 congresistas estadounidenses argumenta que se excluye a las empresas privadas en el sector energético.
El 3 de noviembre, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió con funcionarios mexicanos para externarles la misma preocupación. El mismo día, los líderes parlamentarios y legisladores de México anunciaron que la aprobación de la Reforma Eléctrica de López Obrador se pospone para abril del 2022.
El dilema del litio
Este metal, considerado el “oro blanco” juega un papel importante en la transición energética, ya que es utilizado en baterías para automóviles eléctricos. Por esto su demanda ha aumentado en los últimos años, pero para Yannick Deniau, integrante del colectivo Geocomunes y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) la posibilidad de explotar este mineral trae más consecuencias negativas que positivas, fomentando el extractivismo minero.
Deniau, un geólogo capacitado, señala el daño ambiental, el desplazamiento y las disputas en torno a las operaciones mineras existentes en México. “La minería es una de las principales responsables de esa crisis por el consumo de agua que genera, la emisión de CO2 y la degradación ambiental”.
Además, el activista destaca preocupaciones similares alrededor del yacimiento de Bacadéhuachi, particularmente la sobreexplotación del agua en Sonora, donde se registra un estrés hídrico extremo desde hace más de un año; el daño a la salud que eventualmente puede presentar la población, ya que se tiene proyectada una mina de cielo abierto, la cual resultará en la devastación del paisaje y en que los residuos de minerales provoquen el drenaje ácido que, al exponerse al aire y al agua, generan una reacción química que contamina el suelo y los ríos. También puede generar contaminación del aire por el polvo de las explosiones.
Por último, está el incremento de la violencia y el aumento de la presencia del crimen organizado en el estado de Sonora, que amenaza cada vez más a las comunidades locales y las operaciones mineras. “Entre más aumentan los intereses económicos y los actores en una zona, se descontrola más la situación de violencia”, explica Yannick.
El proyecto de Sonora, dice, es muy cercano al llamado “Triángulo Dorado”, una zona donde se ha documentado una ola de violencia y desplazados por la actividad minera y la disputa por el territorio por parte de grupos del crimen organizado.
“Existe una correlación de que cuando hay proyectos mineros aumenta la presencia del crimen organizado, la represión”, sostiene.
Pero más allá de las posibles condiciones de extracción, todavía existe mucha incertidumbre sobre el estado del litio en México. Según el informe “Regulación del litio. Propuestas y comparativa internacional”, realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado mexicano, el gobierno todavía no tiene cifras precisas de la expectativa de producción en México.
Pero un medio local informó que la mayoría de la gente en Bacadéhuachi está expectante ante la posibilidad de 200.000 puestos de trabajo que ha prometido Bacanora Lithium, lo que podría representar un futuro mejor para una comunidad que actualmente está luchando por llegar a fin de mes.
A pesar de las diversas preocupaciones e incertidumbres, el trabajo para hacer avanzar las operaciones en Sonora está en curso. Flor de María Harp, directora del Servicio Geológico Mexicano (SGM), una agencia gubernamental, anunció que el SGM invertirá 55.2 millones de pesos(2.52 millones de dólares) para la exploración de litio, con el objetivo de tener datos duros de la cantidad de este mineral y confirmar así que su extracción es económicamente viable.
Este artículo de Roxana Romero apareció originalmente en Diálogo Chino y se volvió a publicar bajo una licencia de Creative Commons.
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