El río Táchira ha sido testigo de migraciones, narcotráfico, contrabando y crimen organizado. Los enormes problemas de este sector de la frontera colombo-venezolana han invisibilizado su crítica situación ambiental. Vertimientos de desechos agrícolas, industriales y domésticos han contaminado el río Táchira mientras se enfrenta a otros fenómenos que agravan su situación en el lado colombiano: minería de material de arrastre, deforestación en su ribera y acaparamiento ilegal de agua.
Por: René Mora
*Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y La Opinión de Cúcuta, Colombia.
Cada vez que el río Táchira, fronterizo entre Colombia y Venezuela, es protagonista a nivel mundial no lo es por las afectaciones ambientales que padece sino por eventos políticos, comerciales y hasta de seguridad. Los roces diplomáticos entre ambos países, la presencia de bandas criminales, el contrabando de hidrocarburos y el constante flujo de migrantes por el cierre de los pasos fronterizos entre el departamento colombiano de Norte de Santander y el estado venezolano de Táchira, han hecho que los daños ecológicos pasen desapercibidos.
El río Táchira es recordado por el concierto Paz Sin Fronteras, en marzo de 2008, cuando el cantante colombiano Juanes invitó a un grupo de artistas para apaciguar las tensas relaciones entre los gobiernos de Álvaro Uribe (Colombia) y Hugo Chávez (Venezuela) y así estrechar los lazos de hermandad. Sin embargo, en ese momento nadie advirtió el bajo caudal del río y no hubo reparo para que su lecho sirviera de palco para cerca de 400 000 espectadores que disfrutaban del espectáculo sobre la tarima instalada en el puente Simón Bolívar, que une a la población colombiana de La Parada con la localidad venezolana de San Antonio.
Hoy, los niveles del río Táchira siguen siendo mínimos casi todo el tiempo e incluso es posible cruzarlo a pie, sin obstáculos, solo con el temor que infunden los ilegales que controlan las trochas en esa zona de frontera, donde el contrabando es el rey y el río no es más que un escollo que hay que sortear para seguir robusteciendo las finanzas de los grupos al margen de la ley.
Cuando el caudal baja considerablemente, sobre el lecho del río apenas se vislumbran hilos de agua o se forman especies de pozos que se mezclan con las aguas servidas de las diferentes poblaciones que se asientan a su alrededor, desde su nacimiento en la cima del cerro Las Banderas, a 3368 metros sobre el nivel del mar, en el fronterizo Parque Nacional El Tamá (Venezuela), hasta su desembocadura en el río Pamplonita, en la ciudad colombiana de Cúcuta, capital de Norte de Santander. En esta ciudad es donde más se percibe la escasez del recurso ya que tiene casi un millón habitantes y concentra actividades relacionadas con las industrias mineras (carbón) y materiales de construcción (arcilla), además de ganadería, piscicultura y avicultura.
Sin embargo, durante las temporadas de lluvia el río es visto con respeto por su volumen y fuerte corriente que, en ocasiones, inunda poblaciones o destruye viviendas construidas sobre la ribera como ya ha ocurrido varias veces en La Parada, en el municipio de Villa del Rosario, departamento de Norte de Santander.
Este río, que sirve de frontera natural entre ambos países durante casi todo su trayecto, es testigo de migraciones, narcotráfico, contrabando y crimen organizado. Pero también de una crítica situación ambiental. Vertimientos de desechos agrícolas, industriales y domésticos han contaminado el río mientras que se enfrenta a otros fenómenos que agravan el problema como la minería de material de arrastre, la deforestación en su ribera y el acaparamiento ilegal de agua.
Este es el segundo de dos reportajes que dan una mirada al problema ambiental desde ambos lados de la frontera y en el que han participado Runrunes de Venezuela y el diario La Opinión de Cúcuta.
Vista aérea de la cuenca alta del río Táchira, en el Parque Nacional Natural Tamá. Foto: cortesía Parque Nacional Natural Tamá.
La agonía del Táchira
A lo largo del río Táchira, en el tramo que comprende la frontera con Venezuela, se tienen detectados al menos 55 pasos informales o trochas por donde se mueve el contrabando y el narcotráfico, actividades que se disputan bandas criminales como Los Rastrojos, las Autodefensas Gaitanistas y Tren de Aragua.
Las principales afectaciones ambientales de esta cuenca internacional van desde el vertimiento de aguas residuales y la pérdida de cobertura vegetal, hasta el uso ilegal del recurso hídrico. De estos factores, la descarga de aguas sin ningún tipo de tratamiento es el que más preocupa a los expertos, pues esto se ve agravado por la explotación de materiales de construcción y la deforestación propiciada por las malas prácticas agrícolas y pecuarias, con poca o casi nula tecnificación.
La docente e investigadora Marjorie Sánchez, magíster en Biología de la Universidad de Los Andes y experta en recursos hídricos, señala que ríos como el Táchira se han convertido en cloacas que recogen los desechos de los asentamientos humanos sin ningún tipo de tratamiento —ni doméstico ni industrial— y comprometen la calidad del agua y la biodiversidad del ecosistema. “La descarga de aguas negras y la remoción del sustrato del cauce para materiales de construcción desmejoran los indicadores de calidad y la variedad de especies”, comenta.
Sánchez, que en el 2003 hizo un estudio de la calidad del agua del río Táchira a partir de los macroinvertebrados presentes en él, afirma que, 19 años después, la biodiversidad varió mucho y hoy casi no se consiguen especies indicadoras de buena calidad del agua, y los pocos organismos que existen se han adaptado a los contaminantes.
Varias especies de moscas y zancudos son los que predominan en los ecosistemas contaminados porque son bastante resistentes. “Esto no quiere decir que no haya dos o tres familias indicadoras de buena calidad del agua en el río, pero son mucho menos que hace 18 años, cuando se hizo el estudio”, comenta Sánchez.
La docente afirma que esto es resultado de la falta de tratamiento de agua residual, porque todo lo que desechan las actividades agrícolas, pecuarias, domésticas e industriales va al río por una tubería. “Adolecemos de esos tratamientos, por eso los ríos están como están, por la cultura de nuestros vertimientos. Aunque uno paga en el recibo del agua el vertimiento del agua que contamina, la verdad es que esos líquidos residuales pasan de la tubería al río sin tratamiento”.
La contaminación del Táchira también ha llegado por otros frentes. Por ejemplo, miles de peces murieron en 2015 y aparecieron apilados sobre las piedras que bordean el río Táchira, tanto en El Escobal (Cúcuta, Colombia) como en Ureña (Venezuela). En ese momento se señaló como responsable a los desechos tóxicos de una empresa azucarera venezolana y a los desvíos del cauce para el riego de cultivos de caña de azúcar.
Antes del cierre unilateral de la frontera entre Colombia y Venezuela, también en 2015, era muy común el vertimiento de las tintorerías en los municipios venezolanos de San Antonio y Ureña. “Si allá [Venezuela] no hay, aquí tampoco hay tratamiento de las aguas residuales. De este lado, el colombiano, por ejemplo, predominaban las curtiembres en la parte baja de la cuenca… Ya se podrá imaginar la calidad del agua”, señala Sánchez.
La eterna espera por las plantas de tratamiento
El río Táchira nace a 3368 metros sobre el nivel del mar, al noroeste del páramo de Tamá, en el cerro de Las Banderas, entre el estado venezolano de Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander. Tiene una longitud de 87 kilómetros y desemboca en el río Pamplonita, en Cúcuta, a 326 metros sobre el nivel del mar. En su recorrido, sus aguas atraviesan siete poblaciones fronterizas: Herrán, Ragonvalia, Villa del Rosario y Cúcuta en Colombia; y las localidades venezolanas de Delicias, San Antonio y Ureña en Venezuela.
Solo Cúcuta vierte 2000 litros por segundo de aguas contaminadas, de las cuales más del 60 % van a parar al río Pamplonita —donde desemboca el Táchira— y el porcentaje restante al río Zulia —que desemboca en el río Catatumbo, en territorio venezolano—, según datos de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor, autoridad ambiental del departamento).
Aunque los municipios colombianos están obligados a presentar un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), en el caso de Norte de Santander, solo el municipio de Pamplonita tiene el plan aprobado por 10 años. El resto no está vigente. Cúcuta lo presentó en octubre de 2020 pero todavía está a la espera de su aprobación por parte de Corponor.
Hace una década había 10 puntos de vertimiento pero en los últimos años ya se han eliminado cinco. Dos continúan en operación en el municipio de Herrán, uno en Ragonvalia, uno en Villa del Rosario y uno en Cúcuta, según datos de la Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible de Corponor, que dice que su meta es seguir reduciéndolos.
Pero los expertos consideran que no solo se trata de reducir los puntos de vertimiento sino de empezar con la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que reduzcan la contaminación no solo del río Táchira, sino de otros como Pamplonita y Zulia. Estos proyectos serán construidos con el apoyo del Ministerio de Vivienda y estructurados por la Corporación Financiera Internacional (IFC), y Corponor espera que este año inicie la contratación público-privada del diseño y construcción. Pero, por ahora, estos no son más que planes.
Uno de los obstáculos para que las PTAR sean una realidad son los altos costos de construcción. La docente e investigadora Marjorie Sánchez explica que, durante años, se han hecho muchas propuestas para tratar las aguas residuales en la región, pero no se han concretado. “Una PTAR es de alto costo; por eso, lo que se busca con los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) es un tratamiento primario. Los estudios que hicimos hace 18 años sirvieron para establecer que ni siquiera existía ese tratamiento primario”.
El subgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta (EIS), Carlos Ibarra Rodríguez, dice que tienen priorizadas tres plantas de tratamiento: dos en el río Zulia y una en el Pamplonita, “en el Táchira no pondríamos planta sino que pasaríamos las aguas por debajo del Pamplonita, [a través] de un cruce subfluvial de 4 km hasta llegar a la planta de tratamiento”.
Ibarra explica que el objetivo es recoger las aguas residuales de la margen izquierda del río Táchira —lado colombiano— y de las que caen en el sector de Caño Picho-Canal Bogotá. El problema, como decía Marjorie Sánchez, es el dinero. Según la EIS, este plan tiene un costo de 600 000 millones de pesos (cerca de 158 millones de dólares) y requiere recursos de los gobiernos nacional, departamental y municipal para su ejecución.
Una diplomacia fallida y un río en el olvido
Aunque el proyecto de las plantas de tratamiento es ambicioso y pondría fin a décadas de vertimientos sobre los ríos que bañan a varias poblaciones fronterizas con Venezuela, los planes para recuperar la cuenca del río Táchira pueden resultar en vano debido al deterioro de las relaciones con el gobierno del vecino país. El río Táchira forma parte de la cuenca del río Pamplonita, y esta, a su vez, de la cuenca del río Zulia, el cual aporta sus aguas al río Catatumbo, que desemboca en el lago de Maracaibo.
La Cancillería de Colombia asegura que, a la fecha, no hay relaciones diplomáticas entre ambos países y, por lo tanto, tampoco hay acciones de cooperación con ninguna autoridad, a ningún nivel, para avanzar en un plan de recuperación del afluente fronterizo.
Los únicos intentos por hacer algo por el río han venido desde la academia colombiana y venezolana que han venido liderando una serie de encuentros denominados Gobernanza en Aguas de Frontera. A la fecha, se han desarrollado dos actividades: una en el 2020 y otra a comienzos de 2021, en las que participaron universidades de Colombia y Venezuela, colegios de las ciudades de Cúcuta y Villa del Rosario, la autoridad regional ambiental de Norte de Santander y varias ONG.
De ahí han salido tres apuestas: la conservación del parque binacional Tamá, donde nace el río; educación ambiental en colegios de la zona de influencia y la construcción de una estrategia para hacer un gran acuerdo que, a pesar de las dificultades diplomáticas, permita planificar acciones, tanto en Colombia como en Venezuela, para mejorar la calidad del agua del río y proteger las áreas naturales.
Jhon Suárez Gelvez, docente e investigador de la facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) y uno de los líderes de Gobernanza en Aguas de Frontera, explica que los niveles de oxígenos disuelto y la baja concentración de materia orgánica en la cuenca alta, hacen que el río tenga buena calidad, pero al salir del parque Tamá, el agua se utiliza para el riego de algunos cultivos propios de la zona y recibe sus primeras descargas contaminantes en los municipios de Herrán y Ragonvalia. La contaminación persiste en Villa del Rosario y Cúcuta, y en esta última, donde el Táchira se une con el río Pamplonita, “los niveles de oxígeno bajan a cero”, resalta.
El investigador afirma que las plantas de tratamiento de aguas residuales son la mejor alternativa para limpiar los ríos pero insiste en que los esfuerzos deben ser tanto colombianos como venezolanos. “Por eso, es importante el acuerdo de gobernanza entre los dos países para que la descontaminación no sea a medias. Obviamente, este proceso debe ir acompañado de planes de ahorro y uso eficiente del agua: menor consumo, mayor caudal para el río y menor cantidad de contaminantes vertidos”, comenta.
Un problema más: el uso ilegal del agua
En el lado colombiano, la captación de agua del río Táchira está vigilada y regulada por Corponor pero ha representado un eterno dolor de cabeza. El promedio del caudal del río Táchira es de 1171 litros por segundo en la estación meteorológica El Tabor, en el municipio de Herrán, pero cuando llega a Cúcuta disminuye casi a la mitad (600 litros por segundos), según datos de la Subdirección de Cambio Climático y Recurso Hídrico de Corponor.
Cúcuta y Villa del Rosario son las ciudades con más concesiones. Allí se han entregado siete: una para uso del acueducto, dos para uso agrícola, dos para uso industrial, una para uso doméstico y una para actividad piscícola. En total, las siete concesiones hacen uso de 352 litros por segundo.
Sin embargo, es común que en algunos sectores se retenga el agua ilegalmente y que la autoridad ambiental reciba denuncias porque el agua no llega a las concesiones, afirma Juan Antonio García, subdirector de Cambio Climático y Recurso Hídrico de Corponor. La táctica más frecuente es la elaboración de trinchos —barreras de piedra hechas por colonos y personas en asentamientos ilegales— muy frecuentes en la parte baja de la cuenca del Táchira. El mayor impacto de estos represamientos de agua se ve en tiempo de sequía, cuando el caudal es menor. “Más nos tardamos en derribar los trinchos que en tener reportes de nuevos”, dice García.
Antonio Navarro Durán, coordinador del nodo norandino de la Red Bosque Seco Tropical Colombia —conformada por instituciones del sector público y privado, de orden nacional, regional y local que trabajan en la conservación de este ecosistema en el país—, explica que ese acaparamiento de agua resulta afectando la calidad del líquido pues los trinchos disminuyen los niveles del caudal y de oxígeno disuelto en el agua. “Cuando hay disminución del caudal, hay pérdida de biodiversidad. Se crea un desequilibrio en el ecosistema acuático, aparecen especies que toleran condiciones más adversas (oxígeno cero) y desaparecen las que necesitan más oxígeno: peces, macroinvertebrados. Solo el cambio de la corriente del agua afecta la dinámica del oxígeno”.
Han acabado con la vegetación alrededor del río
La erosión y la pérdida de cobertura vegetal en las riberas del río Táchira es otro problema que se aprecia en toda su dimensión cuando el caudal baja y es originado, según dice Corponor, por las actividades de expansión agrícola relacionadas con malas prácticas.
La tala de árboles maderables y las malas prácticas ganaderas figuran como las principales acciones que ponen en riesgo el bosque ribereño, por lo que los expertos sugieren que es necesario impulsar actividades agropecuarias de bajo impacto que permitan el manejo de los suelos y eviten su pérdida.
César Rey, exdirector de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente de Colombia, señala que el bosque en zonas de gran altura es fundamental para que las gotas se fijen en esa vegetación, ayudando con un aporte adicional al agua disponible. “Los dueños de predios prefieren cultivos en detrimento del suelo, del agua y la misma vegetación; una mirada a corto plazo que no toma en cuenta que su mayor patrimonio es el suelo, con sus fuentes de agua”, señala.
Aunque los expertos, e incluso las personas que viven en la cuenca del río Táchira, dicen que es evidente la deforestación —y que la cuenca baja, entre Villa del Rosario y Cúcuta, es la zona donde hay mayor avicultura, piscicultura y cultivos de hortalizas, cítricos, arroz y yuca—, la magnitud de la pérdida de cobertura vegetal no se ha podido determinar porque no hay una clara delimitación de la cuenca binacional, según informó la Subdirección de Recursos Naturales de Corponor.
A pesar de la falta de datos, los expertos aseguran que se necesita aumentar la cobertura vegetal a lo largo de todo el río pero, sobre todo, en su cuenca alta para que, cuando llueva, se conviertan en unos “tanques de almacenamiento” para épocas de sequía y que los bosques puedan drenar el agua y mantener el caudal del Táchira y los demás ríos de la zona. Dicen que el esfuerzo debe estar en hacer siembra de especies nativas que permitan una restauración natural de los ecosistemas.
“Los bosques juegan un papel importante en la acumulación y la regulación del agua de los ríos, sobre todo, en tiempos de sequía. Si esa capa vegetal se quita, el agua no se acumula, se va rápido, y los caudales disminuyen”, dice Juan Antonio García, subdirector de Cambio Climático y Recurso Hídrico de Corponor.
Son muchas las tareas pendientes y por ahora, la acción más cercana para mejorar la situación del río Táchira es la construcción de las plantas de tratamiento —a pesar de que es una inversión multimillonaria y una promesa sin cumplir desde hace muchos años—. Las acciones que pueda hacer Colombia siempre se quedarán cortas si las relaciones diplomáticas con Venezuela no se reanudan. La expectativa de expertos y funcionarios ambientales está en que el próximo gobierno restablezca el diálogo con el país vecino.
*Imagen principal: Mortandad de peces en el río Táchira por vertimientos industriales. Foto: Cortesía La Opinión.
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Karla Isela Lara Flores